Los acontecimientos que arriban las últimas semanas desde Cataluña o, más al norte, desde la muy democrática, moderna y tolerante Flandes (o Valonia, porque al caso la patria chica del niño que mea está en el medio de ambos territorios) son lo más parecido que uno pueda imaginar a una tira cómica absurda, cutre y chabacana. Resulta que a unos iluminados convenientemente elegidos, contando con todas las herramientas que les proporciona el orden establecido, se les ha ocurrido montar un circo donde, a base de manejar a su antojo la educación pública y los medios de comunicación de todos, les han crecido los enanitos por doquier durante estos últimos años. Y ahora parece que más que un circo se ha logrado crear una especie de secta mesiánica donde el fin último justifica los medios: la independencia.
No está en mi ánimo analizar cada episodio de la rocambolesca deriva secesionista. Solo con atender a los periódicos y los informativos de la tv ya tenemos bastante. Pero quiero incidir en una cuestión que bajo mi punto de vista como ciudadano de a pie me preocupa. Porque ahí están los acontecimientos, no trataré de analizarlos, y por mucha declaración ante un juez que se efectúe pienso sinceramente que los hechos, ciertos y probados, son una irrefutable verdad que debiera servir para emitir un dictamen.
Con esto quiero decir que los (ir)responsables de haber mentido a todos los catalanes con un paraíso terrenal en forma de república, los que han destinado cantidades ingentes de dinero público a crear una conciencia popular en torno a la independencia, los que engañaron diciendo que no se iban a marchar las empresas, los que hicieron una campaña de acoso y derribo a todos aquellos ciudadanos que no comulgaban con su ideario radical y supremacista, quienes planearon y ejecutaron un plan para dejar al Estado y el nombre de España a la altura de un país dictatorial en el resto del mundo, los que se burlaron una y otra vez de las leyes catalanas y españolas, saltándose a la torera cualquier instrumento legal, los que declararon paros "a nivel nacional" en defensa de la independencia de Cataluña y quienes a posteriori comentaron ante los tribunales que se trataba todo de un arma para forzar una negociación o simple y llanamente una declaración simbólica de independencia (¿?) recogen todos los argumentos posibles para que sobre sus iluminadas y deslenguadas cabezas caiga todo el peso de la Justicia. Porque los votos en unas elecciones no eximen de responsabilidad, ya que no son una carta blanca que otorga inmunidad judicial o, lo que es más grave, no exime de responder de tus actos ante quienes te votaron y quienes no lo hicieron. ¿O es que el sr. Puigdemont -felizmente cesado de sus funciones de gobierno- no era también presidente de los catalanes no independentistas además de representante del Estado en su propia Comunidad Autónoma? A los políticos se les paga para que gobiernen, no para que hagan actos simbólicos no se sabe a nombre de qué, y eso en Cataluña ha brillado por su ausencia en estos últimos tiempos.
Está meridianamente claro de que esta pantomima no tiene que quedar en agua de borrajas pese al panorama de una elecciones inminentes. Quienes rompieron la baraja y se vanagloriaron de ello con regocijo no pueden irse de rositas. Aquí ha pasado algo grave, que no nos quieran engañar ahora pues todos sabemos que a la mínima oportunidad que tengan volverán por el mismo camino, el de saltarse la ley. Porque el Estatut, la Constitución y por ende el muy defenestrado artículo 155 son la ley mientras no se cambien. A nadie se le puede echar en cara sentirse únicamente catalán u oriundo de su diminuta parcela de tierra, sino que de lo que se trata es de que la convivencia se articule en torno a valores democráticos y de respeto, sin atajos, sin chantajes.
Puigdemont, Junqueras, Forcadell y otros miembros de la fauna catalanista merecen acabar en la prisión -aunque se trate de celdas "de oro"- por empobrecer Cataluña, dividir a su sociedad e intentar manchar con falacias la imagen exterior de España. Y en el fondo es una verdadera lástima que entre todos se les haya incluso hecho la ola para llegar a estos límites. Desde que España es una (imperfecta) democracia a casi todos los partidos les ha interesado tener al independentismo de su lado para poder gobernar, vaciando al Estado de prerrogativas en ciertos territorios a costa de hacer desaparecer su presencia hasta niveles ínsospechados. Y ya se sabe, quien siembra vientos recoge tempestades. Ojalá nuestra muy vilipendiada Justicia sepa hacer bien su trabajo. Está en sus manos.
