Tragaderas

Hay montada una buena. Resulta que los 11 magistrados del Tribunal Constitucional, algunos de ellos con el mandato caducado, han determinado paralizar la tramitación de unas enmiendas que iban en el pack premium de un retocado Código Penal. Afectaban al Poder Judicial y a la renovación del propio TC, decayendo en su tramitación al considerarse que lesionaban sobremanera contrapesos del poder ejecutivo, o lo que es lo mismo, que estos señores tan mayores han pensado que el Gobierno pretendía facilitarse el ejercicio de su nombramiento al cambiar las mayorías para su renovación. 

De qué debemos extrañarnos si esos mismos magistrados son elegidos por los partidos políticos, que durante varias décadas han patrimonializado y colonizado la Justicia y órganos superiores para desde ellos condicionar decisiones de gran calado. ¿No suena todo un poco bananero? Desde luego. Más cuando en el Congreso hay ahora una mayoría progresista (lo que algunos dan en llamar "mayoría progresista y plurinacional" no sin cierta superioridad moral) y en el TC una mayoría conservadora, de ahí el evidente embrollo. Vamos, que la Justicia no es en España del todo independiente; y eso que ya nos han avisado desde instancias europeas que a los jueces no deberían elegirlos los políticos.

Este escenario de confrontación y evidente crisis institucional va a traer cola, o al menos hasta que se superponga otro tema que dé que hablar y envalentone aún más los ánimos de los representantes de la voluntad popular, ya de por sí demasiado exaltados. Declaraciones rimbombantes de trazo grueso y con referencias al 23F o a la dictadura de Franco ya hemos comprobado que gustan mucho; capacidad de cierto entendimiento con el contrario hay más bien poca.

Pero, ¿por qué se ha llegado a este punto? La nula voluntad de renovar esos cargos por parte del PP no ayuda en absoluto y el Gobierno intenta cobrarse la revancha, aunque para quien escribe lo realmente grave va más allá y estriba en que el Consejo de Gobierno tiene marcada su hoja de ruta. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Pedro Sánchez se embarcó hace ya tiempo en una cruzada personalista y ha navegado con algunas turbulencias hasta adentrarse en una parte del océano en la que se anuncia tormenta y de la buena. Haré memoria. Se desdijo de una parte de sus promesas electorales al desenfundarse el chaleco de la moderación tras declarar que junto a Pablo Iglesias no dormiría tranquilo. De hecho compró con él una cama más grande para acoger a los socios que imponía Podemos. Después vinieron los indultos, la anulación del delito de sedición, la reforma de la malversación -ambas en trámite parlamentario- y todo lo que pueda estar por llegar de aquí a las próximas elecciones locales y autonómicas. El presidente quiere seguir a todo trapo en la Moncloa y hará lo que esté en su mano para continuar mintiendo a sus votantes primero y al conjunto de los españoles después, anunciando cosas solo un par de días después de haberlas desmentido, como está sucediendo. No se puede ser más mezquino y mentiroso. 

Esta tormenta política en la que el Gobierno se ha enzarzado quedó inaugurada con las consecuencias de la aprobación de la "Ley del solo sí es sí", que está sacando a la calle a violadores con condenas pendientes. Hemos comprobado escasa capacidad de crítica de quienes diseñaron esta reforma legal, sí en cambio ataques infundados con palabras gruesas -otra vez- y recurrentes hacia quienes deben dirimir los casos en base a la ley por parte de algunas ministras. Pero quieto parao porque con la reforma de la malversación pudiera ocurrir lo mismo con toda esa pléyade de delincuentes que aún está en la cárcel o con condenas pendientes porque para Pedro Sánchez comprar un chalet con dinero robado sí es corrupción, pero no cuando lo regalas para fines ilícitos o de partido, como si ese dinero fuera la propina de los domingos.

Estamos llegando a niveles de indecencia muy preocupantes. Asistimos a intentos partidistas de retoque del armazón jurídico e institucional por mera conveniencia política y de supervivencia. La capacidad legislativa del ejecutivo ejercida ahora por la puerta de atrás, de manera exprés o urgente, carente de debate y sin atender a ningún órgano consultivo. Pedro Sánchez ha comprado el discurso de la extrema izquierda y ha unido su futuro al de partidos como Bildu y ERC, el cual le chantajea casi a diario para destejer todo lo juzgado y penado con relación al Procés desde que este estalló en 2017. A partir de ahora, ¿por qué no saltarnos las leyes si estas perderán casi todo su valor jurídico y punitivo? Para defender las rebajas este Gobierno ha sacado escusas hasta de debajo de las piedras para hacernos creer que su manera de proceder es la que el país necesita y, vista la parálisis social, tan notoria en el votante socialista, puede que lo esté logrando.

El final de año está siendo taquicárdico con una amenaza tan clara a la separación de poderes y el incumplimiento de renovación de los órganos constitucionales por un evidente interés de partido. El ambiente político es de polarización extrema y está por ver si se traslada al orden social. Nos ha tocado la lotería con los representantes públicos, esos a los que elegimos cada cuatro años, recuerdo. Solo queda esperar que el año nuevo nos traiga otro clima aunque mis esperanzas de que sea así son muy pocas. En cualquier caso... ¡¡¡Feliz 2023!!!